El sector de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en España inicia una nueva etapa con la entrada en vigor del XIX Convenio Colectivo Estatal de Consultoría, Tecnologías de la Información, Estudios de Mercado y de la Opinión Pública. Publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 16 de abril de 2025, este convenio introduce importantes novedades en materia laboral y, por primera vez, regula de forma específica el área funcional de ciberseguridad, reflejando la creciente relevancia de este ámbito en las empresas tecnológicas.
Principales novedades del XIX Convenio TIC
- Vigencia y aplicación: El convenio estará en vigor desde el 1 de enero de 2025 hasta el 31 de diciembre de 2027, y afecta a más de medio millón de profesionales del sector en toda España.
- Nueva área funcional de ciberseguridad: Se crea el Área 5, dedicada exclusivamente a la ciberseguridad, tanto en el ámbito público como privado. Este área abarca la protección de activos digitales, gestión de vulnerabilidades, respuesta ante incidentes, gestión del riesgo, planes de recuperación y estrategias de ciberseguridad, entre otras funciones clave
- Reclasificación profesional: Las empresas disponen de dos meses desde la publicación del convenio para encuadrar a los trabajadores en la nueva área de ciberseguridad y regularizar los atrasos salariales generados por la aplicación de las nuevas tablas salariales, con carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2025.
- Mejoras salariales y compensaciones: Se actualizan las tablas salariales y se incrementan las cuantías de dietas, kilometraje y compensaciones por teletrabajo, vigentes desde la firma del convenio el 22 de enero de 2025.
- Bolsa de estudios: Se establece una bolsa anual de 218,10 euros para formación profesional, accesible para cualquier persona de la plantilla, fomentando la actualización de competencias y la empleabilidad en el sector.
Impacto para empresas y profesionales TIC
La inclusión de un área funcional específica para ciberseguridad responde a la necesidad de proteger los activos digitales y gestionar los riesgos asociados a las crecientes amenazas en el entorno digital. Esta medida, junto con la actualización de condiciones laborales y salariales, refuerza la profesionalización del sector y garantiza un marco más adaptado a los retos actuales.